La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) están promoviendo un nuevo modelo de colaboración entre el Estado y la iniciativa privada para desarrollar centrales eléctricas consideradas estratégicas dentro del sector eléctrico nacional. Este mecanismo, denominado Esquemas para el Desarrollo Mixto de generación, fue recientemente presentado a empresas interesadas y establecido en la Ley del Sector Eléctrico como una estrategia que brindaría mayor claridad y certeza jurídica.
En este esquema, la CFE mantendría un 54% de participación mediante aportaciones en especie que incluyen la gestión regulatoria, adquisición de energía y negociaciones para el uso de tierras; mientras, los inversores privados aportarían el 46% restante, representado por recursos económicos para la ejecución, construcción y operación de los proyectos. Este reparto ha generado dudas entre especialistas y potenciales inversionistas, quienes cuestionan la equidad de que la CFE retenga mayoría accionaria sin un desembolso financiero equivalente.
Expertos en energía remarcan que la participación minoritaria del 46% puede desalentar a empresas privadas, a menos que los términos contractuales sean particularmente favorables y específicos. Asimismo, destacan la importancia de definir con precisión las responsabilidades de cada parte y el avance en estudios de factibilidad e interconexión en las regiones donde se propongan los proyectos. La titular de la CFE, Emilia Calleja, enfatizó que el objetivo es acelerar el desarrollo de estas centrales sin perder la rectoría estatal en el sector eléctrico, asegurando que la CFE mantendrá el control estratégico y la planeación.
Por su parte, la titular de la Sener, Luz Elena González, estableció como meta que las plantas se construyan en los próximos tres años y estén operativas antes de 2030, respaldando el proceso con reglas claras para facilitar el desarrollo. No obstante, analistas consideran que será crucial verificar el cumplimiento de estos plazos y cómo se equilibran las obligaciones y beneficios entre el gobierno y los socios privados durante la ejecución de estos esquemas mixtos.
