La Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar el Código Civil y establecer un plazo máximo de 30 días para que las instituciones financieras entreguen las escrituras de propiedad una vez que el crédito hipotecario haya sido liquidado. La propuesta busca acelerar la devolución formal de la titularidad a los deudores tras el pago total del préstamo.
El proyecto plantea sanciones económicas por cada día de retraso: multas de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) diarias y el pago de indemnizaciones equivalentes al 1% del valor del crédito por cada mes de demora. Estas medidas apuntan a crear incentivos financieros para que bancos y entidades liberadoras cumplan los plazos.
Los impulsores de la iniciativa argumentan que los retrasos en la expedición de escrituras generan costos y trabas legales para quienes ya saldaron sus deudas. La reforma pretende regular los tiempos y establecer mecanismos de reparación económica para los afectados.
Si avanza en el proceso legislativo, la reforma modificaría disposiciones del Código Civil relacionadas con la cancelación de gravámenes y los procedimientos administrativos que deben seguir las instituciones financieras para devolver la documentación de propiedad. El alcance operativo y la entrada en vigor dependerán del trámite de la iniciativa en comisiones y del eventual dictamen del pleno.
