El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estableció que ciertas operaciones de préstamo, garantías y créditos otorgados por sujetos que no sean instituciones financieras, como bancos, deben ser reportadas como Actividades Vulnerables. Esto implica que empresas, fideicomisos o personas físicas que ofrezcan de forma habitual estos servicios deben registrarse ante el SAT y presentar informes periódicos para fomentar la prevención de lavado de dinero.
En México, además de la banca múltiple, otros actores como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap) o Sociedades Financieras Populares (Sofipos) también participan en otorgar créditos. Sin embargo, las entidades distintas a ellas que realicen estas actividades deben cumplir una serie de obligaciones administrativas y normativas, incluyendo el registro en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero bajo la categoría “MUTUO, PRÉSTAMOS O CRÉDITOS”.
El SAT exige que las operaciones iguales o superiores a 188,282.5 pesos (equivalente a 1,605 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, UMA) se notifiquen mediante avisos especiales. Asimismo, es obligatorio identificar mediante documentación oficial a cada persona o entidad que reciba un préstamo o crédito y crear un expediente único que debe conservarse por al menos 10 años.
Por otro lado, algunos tipos de préstamos quedan exentos de esta regulación, como los otorgados exclusivamente entre empleados o dentro de empresas del mismo grupo, y aquellos operados por fideicomisos públicos con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas que van desde 23,462 hasta 7.6 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de las faltas, incluyendo la no presentación o presentación extemporánea de avisos al SAT.
Para los consumidores que requieren este tipo de financiamiento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda verificar que el prestamista esté registrado y supervisado oficialmente, a fin de evitar riesgos y problemas en caso de incumplimiento.
