El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido como plazo final el 31 de marzo de 2026 para que las empresas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Esta obligación es fundamental para mantener la correcta responsabilidad fiscal de las personas morales y evitar sanciones.
La declaración aplica para diferentes regímenes fiscales como el Régimen General, Régimen Simplificado de Confianza, Opcional para Grupos de Sociedades, Régimen de los Coordinados, y Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. Para personas morales sin fines de lucro, la fecha límite fue el 16 de febrero, y para sociedades en liquidación, el 19 de enero.
El incumplimiento de esta obligación puede derivar en consecuencias severas, incluyendo la restricción del uso del Certificado de Sello Digital (CSD), lo que impide la emisión de facturas electrónicas. Esta medida puede aplicarse un mes después del vencimiento del plazo si no se presenta la declaración, o cuando se omitan dos o más declaraciones provisionales o definitivas, según lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, las multas por no presentar la declaración varían entre 2,050 y 25,360 pesos por cada obligación omitida, y el SAT puede ejercer hasta tres requerimientos con un plazo de 15 días entre cada uno. El no atender estos llamados puede derivar en nuevas multas y sanciones económicas adicionales, que podrían ascender al monto mayor determinado en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución correspondiente. El pago de multas no exime de la obligación de presentar la declaración.
Además, no cumplir con esta declaración puede cambiar a negativa la Opinión de Cumplimiento, un documento que certifica el cumplimiento fiscal y es fundamental para acceder a estímulos, contratos públicos o trámites financieros. En casos extremos, la omisión prolongada puede ser considerada defraudación fiscal, con penas de prisión que van de tres meses a nueve años, dependiendo del monto defraudado.
Para facilitar este proceso, el SAT precarga la información relevante para las declaraciones, como pagos provisionales, retenciones, pérdidas fiscales, y otros datos con base en los sistemas institucionales. También ha implementado mejoras para que los contribuyentes puedan aplicar estímulos fiscales otorgados por diversas disposiciones.
Es fundamental que las empresas cumplan con esta obligación para evitar problemas legales, económicos y administrativos que afectan su operación y reputación.
