El reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 reveló que gobiernos estatales y municipales de México enfrentan pendientes por aclarar un monto superior a 51,000 millones de pesos derivados del ejercicio del gasto público durante ese año. Este informe fue presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y destaca que las irregularidades más significativas se concentran en entidades como el Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Chiapas e Hidalgo.
Las principales anomalías detectadas se relacionan con la falta de documentación comprobatoria para justificar los gastos, ausencia de requisitos fiscales, erogaciones no autorizadas o sin justificación, así como deficiencias en la formalización de contratos y convenios. La fiscalización incluyó auditorías tanto al gasto federalizado —fondos transferidos a estados, municipios y alcaldías— como al gasto ejercido directamente por las 32 entidades federativas, todos los ayuntamientos, universidades públicas, congresos estatales y poderes judiciales locales.
Los municipios aparecen como los principales responsables, acumulando aproximadamente 35,074 millones de pesos sin aclarar, especialmente en regiones con altos índices de pobreza. Destacan casos como el municipio de Chilón, Chiapas, donde se desconoce el destino de más de mil millones de pesos asignados en dos fondos para infraestructura social y fortalecimiento municipal. En el Estado de México, municipios como Almoloya de Alquisiras y Amatepec también reportaron montos millonarios pendientes de justificación.
Por otro lado, las entidades federativas registran observaciones por cerca de 15,950 millones de pesos sin aclarar, encabezadas por el Estado de México con más de seis mil millones pendientes, seguido por Nuevo León y Chiapas. La ASF enfatiza que estos recursos no cuentan con la documentación necesaria, presentan pagos improcedentes o incumplen normativas en contratación y obra pública.
Este informe sostiene la necesidad de que las autoridades responsables justifiquen y transparenten el uso de estos recursos para evitar posibles daños a la Hacienda Pública Federal y garantizar una administración eficiente y responsable del gasto público.
