En México, la desaparición de personas es una tragedia cotidiana que a menudo termina en fatalidad. Recientemente, la desaparición y posterior hallazgo en fosas clandestinas de diez mineros en la sierra de Sinaloa evidenció la gravedad del problema. Autoridades federales indicaron que estos trabajadores fueron víctimas de un enfrentamiento entre dos facciones del cartel de Sinaloa, situación que ha provocado un aumento en casos de violencia y desapariciones en la región.
Organizaciones encabezadas principalmente por mujeres, conocidas como las madres buscadoras, han tomado la tarea de localizar a sus seres queridos en medio de amenazas y falta de apoyo institucional. Ejemplos como María Isabel Cruz Bernal, quien lleva nueve años buscando a su hijo desaparecido, y Brenda Valenzuela, cuya lucha comenzó tras la desaparición de su hijo hace algunos meses, muestran el compromiso y la difícil realidad que enfrentan estas familias.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema: más de 130,000 personas desaparecidas en todo el país, con Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco entre los estados con mayor cantidad de casos. No obstante, este registro incluye datos desde la década de 1960, y cerca del 70% corresponden a los últimos ocho años, coincidiendo con la escalada del conflicto entre grupos criminales y el aumento de la violencia.
Además, México enfrenta una crisis forense sin precedentes, con más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios especializados, agravando la dificultad para cerrar estos casos. Si bien se han creado instituciones para atender el problema y se han implementado bases de datos, la falta de recursos y coordinación limita la efectividad de estas acciones. En este escenario, las historias de las familias buscadoras mantienen viva la esperanza en medio de un país que aún lucha por justicia y verdad.
