La Ciudad de México enfrenta una paradoja en su política de tenencia vehicular: aunque el número de autos aumentó en más de 700,000 unidades entre 2018 y 2024, la recaudación por este impuesto disminuyó en casi 904 millones de pesos durante el mismo periodo. El parque vehicular registrado pasó de 5.8 millones a 6.5 millones de vehículos, pero la Tesorería local reportó ingresos de 5,202 millones en 2018 y solo 4,298 millones en 2025.
Este fenómeno se atribuye en gran medida a la fuga de placas, donde propietarios inscriben sus vehículos en otros estados para evitar el pago de la tenencia. Actualmente, 17 entidades del país eliminan completamente este impuesto y solicitan únicamente el pago del refrendo. Ante esta situación, para 2026, el gobierno capitalino decidió elevar el límite para el subsidio total en tenencia de 250,000 a 638,000 pesos, buscando incentivar que los vehículos sean registrados en la Ciudad de México.
Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la capital, estima que esta medida podría incrementar el número de vehículos registrados hasta en 2 millones, generando entre 608 y 760 millones adicionales por pago de refrendo. Asimismo, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció esfuerzos para coordinar políticas con estados vecinos y establecer una política pública de tenencia metropolitana que limite la evasión fiscal y mejore el control vehicular.
Especialistas señalan que la problemática no solo afecta las finanzas públicas, sino también impacta en la movilidad y la calidad ambiental. El investigador Rafael Prieto-Curiel subraya la dificultad para erradicar la fuga de placas sólo con ajustes en los límites de exención. Por su parte, Gonzalo Peón, director ejecutivo del ITDP, enfatiza la necesidad de un impuesto coordinado entre estados que refleje los costos reales generados por los vehículos, incluyendo impacto ambiental y seguridad vial, y advierte que sin un esquema fiscal eficaz, los costos se trasladan a toda la sociedad.
