El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha planteado la explotación de gas mediante tecnologías de fracturamiento hidráulico no convencionales, conocidas como fracking, con el propósito de disminuir la alta dependencia de gas natural importado, que actualmente representa cerca del 75% del consumo nacional. Esta estrategia apunta a fortalecer la soberanía energética del país incrementando la producción interna de gas hasta en un 155% para el cierre del sexenio.
La administración federal ha establecido que la exploración y extracción se llevarán a cabo con tecnologías más limpias y menos dañinas al medio ambiente que las empleadas tradicionalmente en países como Estados Unidos, donde el método ha sido cuestionado por sus impactos ambientales y sociales, y en algunos estados incluso prohibido. Sheinbaum enfatizó que en la campaña electoral se opuso al fracking convencional, aunque ahora presenta una revisión científica para considerar técnicas alternativas que puedan minimizar los daños ecológicos.
Sin embargo, diferentes organizaciones de la sociedad civil y especialistas advierten que esta decisión puede representar una contradicción, pues aumentar la producción de gas fósil sigue manteniendo su dependencia de combustibles que contribuyen al cambio climático y a problemas de escasez hídrica, especialmente en regiones del norte del país que ya enfrentan estrés en sus reservas de agua. La Coalición México Resiliente, que reúne a más de 40 grupos civiles, señala que el gas natural sigue siendo un combustible fósil que provoca importantes emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con gran impacto en el calentamiento global.
Asimismo, expertos destacan que los beneficios económicos del fracking podrían ser temporales y limitados, pues incluso explotando por completo el potencial nacional, la oferta no sería suficiente para cubrir la demanda interna actual. Entre las alternativas que se proponen para avanzar hacia la soberanía energética sin deteriorar el medio ambiente están el impulso de energías renovables como la solar y geotérmica, así como mejorar la eficiencia energética y diversificar fuentes. Este debate plantea un reto crucial para México: cómo alcanzar una mayor independencia energética sin comprometer sus compromisos climáticos ni la seguridad ambiental y social de sus comunidades.
