El Congreso mexicano dio luz verde a una nueva legislación que busca estimular la inversión en infraestructura estratégica mediante un esquema innovador que combina recursos públicos, privados y sociales. La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar cuenta con 141 artículos y establece nuevos mecanismos para la contratación y financiamiento de obras prioritarias para el desarrollo económico y social del país.
Dicha normativa introduce la figura de “Vehículos de Propósito Específico”, que permite la cooperación coordinada entre los sectores público, privado y social bajo una estructura legal propia, sin que necesariamente implique obligaciones financieras para el gobierno federal. Estos vehículos financiarán proyectos de construcción, mantenimiento y operación de infraestructura esencial para el crecimiento económico, la provisión de servicios básicos y la seguridad energética e hídrica.
Además, la ley permite iniciar procesos de contratación incluso sin contar previamente con la suficiencia presupuestaria, con autorización de la Secretaría de Hacienda, siempre que posteriormente se realicen las adecuaciones presupuestarias necesarias. Este cambio marca una evolución respecto a modelos previos, como las Asociaciones Público-Privadas (APP), al incorporar flexibilidad y la participación social, además del sector privado.
Contra el contexto político, esta reforma refleja un cambio en la postura del bloque de Morena, que tras el primer periodo gubernamental que rechazó la colaboración público-privada, ahora promueve esquemas mixtos para acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos. La ley establece también mecanismos claros para la recuperación de la inversión a través de pagos, tarifas o concesiones y precisa que la infraestructura será transferida al Estado una vez concluido el contrato, salvo disposiciones distintas previamente acordadas.
