La inversión pública en infraestructura fundamental en México continúa relegada a niveles inferiores a los de 1981, lo que repercute directamente en servicios esenciales como la salud y la educación. Esta reducción prolongada origina hospitales sin equipamiento adecuado, escuelas carentes de agua, electricidad y conectividad, así como un transporte público deficiente, lo que limita el ejercicio pleno de derechos básicos para los ciudadanos.
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha presentado un plan ambicioso para revertir esta tendencia, proponiendo aumentar la inversión en infraestructura pública en 5.6 billones de pesos durante su administración. Para ello, ha impulsado una iniciativa de ley que busca facilitar la participación conjunta del Estado, la iniciativa privada y el sector social en obras estratégicas a través de nuevos esquemas de financiamiento a largo plazo.
A pesar de estos avances, expertos señalan que la recuperación será gradual y enfrenta retos significativos. Desde 1981, la inversión pública en infraestructura pasó del 12% al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), situación que limita la capacidad del Estado para garantizar servicios como salud, educación, seguridad social, agua potable y transporte. Además, la escasa asignación de recursos a proyectos sociales afecta la calidad de vida de millones, obligando a las familias a cubrir gastos que corresponderían al sector público.
El aumento propuesto, aunque es un paso positivo, aún se destina mayormente a grandes proyectos de infraestructura, mientras que sectores críticos como salud, agua y educación reciben porcentajes menores del total asignado. Por ello, se enfatiza la necesidad de que la inversión se oriente hacia obras con impacto social y productivo, supervisando que los fondos mejoren efectivamente el acceso a servicios y no se concentren en intereses privados o proyectos con escaso alcance comunitario.
