En las recientes semanas, el debate público en México se ha centrado en las propuestas de reforma electoral presentadas por el Poder Ejecutivo Federal. Inicialmente se planteó una propuesta ambiciosa, pero con tintes regresivos, que fue rechazada por el Congreso. Posteriormente se presentó un Plan B, con menor alcance, que también ha generado una gran discusión.
La propuesta inicial fue vista como una herencia política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con intenciones de centralizar el poder y debilitar las instituciones que funcionan como contrapesos al presidencialismo tradicional. La presidenta actual, a pesar de las diferencias, parece compartir esa orientación en busca de limitar las vías democráticas e institucionales para gobernar.
El Plan B, aunque menos radical que la propuesta original, no representa un avance para fortalecer el sistema político y contraviene la tradición de reformas para la apertura democrática iniciada desde 1977. Tanto expertos como la oposición han manifestado que estos cambios podrían obedecer a objetivos autoritarios para asegurar el control político.
Este debate muchas veces se ve afectado por posturas polarizadas y falta de objetividad. Se ha pasado por alto examinar reformas pasadas, como las de 2008, que facilitó la entrada de dinero ilegal en campañas, o las de 2013-2014, que no contribuyeron a mejorar el sistema. Para salir del estancamiento político es necesaria una reflexión profunda y propuesta de proyectos que privilegien el interés nacional, fomentando una ciudadanía activa, informada y participativa. Solo así México podrá recuperar el camino hacia una democracia sólida y equilibrada.
