En pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, específicamente en inmediaciones de la Alameda Central y frente al Palacio de Bellas Artes, se detectó la venta abierta de vapeadores a precios desde 100 pesos, a pesar de la prohibición vigente a nivel federal que sanciona su comercialización con hasta ocho años de prisión. En esta zona, varios puestos informales ofrecen dispositivos con diferentes niveles de bocanadas, desde 5,000 hasta 20,000 “puffs”, y variedad de sabores que incluyen menta, fresa, cereza negra y caramelo. Algunos vapeadores cuentan incluso con pantallas y juegos de luces neón, cuyo costo puede alcanzar los 400 pesos.
La reforma a la Ley General de Salud aprobada en diciembre pasado prohíbe la producción, distribución y venta de estos dispositivos en todo el país con el objetivo de proteger la salud pública, considerando estos productos una amenaza. Quienes infrinjan esta norma podrían enfrentar penas de uno a ocho años de cárcel, además de multas que van desde 100 hasta 2,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 11,731 y 234,620 pesos para el 2026.
Este decreto no contempla sanciones para los consumidores, aunque durante su discusión legislativa hubo debates donde algunos grupos parlamentarios expresaron preocupación por la posible criminalización de usuarios. Morena, principal partido promotor de la medida, aclaró que las medidas aplican exclusivamente contra fabricantes, distribuidores y vendedores ilegales.
Un reciente informe de periodistas y organizaciones civiles revela que el mercado ilegal de productos derivados del tabaco, incluyendo cigarrillos y vapeadores, genera ganancias estimadas entre 15,000 y 20,000 millones de pesos anuales, por lo que el crimen organizado ha incursionado en este rubro. Estos recursos ilícitos se destinan a la adquisición de armamento, vehículos y equipo tecnológico para actividades criminales como extorsión, secuestro, y tráfico de drogas a nivel nacional e internacional.
