El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva, equiparándolo a bombas químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y explosivas. Esta medida representa una escalada significativa en la lucha del gobierno estadounidense contra los cárteles de narcotráfico y el tráfico de esta droga, que ha provocado más de 70,000 muertes por sobredosis en años recientes.
Expertos consideran que esta acción responde más a una estrategia política y de seguridad que sanitaria, al permitir al gobierno de Trump endurecer las sanciones contra las organizaciones criminales, ofrecer penas que podrían ir desde 30 años hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte y justificar una mayor intervención en países productores de fentanilo y en las rutas de distribución.
Especialistas señalan que, aunque el fentanilo representa un grave riesgo para la salud pública por su elevada toxicidad —una dosis letal puede ser tan pequeña como dos miligramos—, no cumple con las características tradicionales de un arma de destrucción masiva. Sin embargo, la clasificación oficial facilita que Estados Unidos canalice mayores recursos, realice interceptaciones y congele activos ligados al narcotráfico.
Por otro lado, la administración estadounidense apunta a los principales cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, como responsables de la distribución del fentanilo y de la violencia relacionada en su territorio. No obstante, también advierten que la crisis no terminará si no se atiende la demanda interna, pues forman parte de redes criminales tanto mexicanas como estadounidenses. En este contexto, el riesgo de una intervención más directa en México queda latente, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que no permitirá ninguna violación a la soberanía nacional, estableciendo que la cooperación debe darse bajo respeto absoluto a la territorialidad.
