El proceso de crecimiento de las ciudades en México ha estado históricamente marcado por decisiones que privilegian la expansión territorial sobre la protección ambiental y social. Este modelo de desarrollo, impulsado por dinámicas inmobiliarias, conlleva la transformación irreversible de ecosistemas, fragmentación de hábitats, impermeabilización de suelos y desplazamiento de comunidades.
Los recientes incendios en áreas como el Cerro de Zapotecas en Puebla evidencian un patrón preocupante: la ocurrencia de incendios en zonas valiosas que posteriormente se destinan a proyectos inmobiliarios. Así, la denominada dinámica de los “cárteles inmobiliarios” refleja esquemas donde el crecimiento urbano avanza bajo incentivos opacos, en detrimento de intereses ambientales y sociales.
Este fenómeno no es aislado. Existen múltiples casos documentados de desmontes y cambios de uso de suelo impulsados por desarrollos inmobiliarios, como el ejemplo del aguacate en Michoacán. En Puebla, durante administraciones pasadas, se reportaron procesos de expansión urbana que afectaron zonas forestales. Estos antecedentes ponen en evidencia que el desarrollo inmobiliario en México ha priorizado la expansión a costa de la conservación.
La discusión debe trascender la autorización o no de permisos para proyectos específicos y cuestionar el modelo de desarrollo que se impulsa. La problemática afecta no solo al territorio ocupado sino a ecosistemas fragmentados y comunidades vulnerables que pagan el costo de esta forma de crecimiento. El reciente éxito de vecinos en la Ciudad de México que lograron detener un megaproyecto inmobiliario pone en relieve las desigualdades en la capacidad de defensa ciudadana y evidencia que, si no se modifican regulaciones y políticas urbanas, el problema se generalizará y profundizará.
