La iniciativa de reforma electoral presentada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó su trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Esta propuesta, que busca modificar 11 artículos constitucionales, fue turnada a las comisiones de Reforma Político-Electoral y de Puntos Constitucionales, ambas mayoritariamente integradas por legisladores de Morena. El siguiente paso está previsto para este viernes, cuando se defina el calendario y procedimiento para la discusión y dictaminación.
Está programado que la revisión y dictamen final de la iniciativa, junto con una propuesta ciudadana enviada por Salvemos a México, se realice durante la semana del 9 al 13 de marzo. Una vez que las comisiones elaboren el dictamen, se respetará el periodo reglamentario de cinco días para su socialización antes de la discusión en el pleno, que podría llevarse a cabo del 16 al 19 de marzo.
Para aprobar la reforma en las comisiones serán necesarios al menos 47 votos si acuden los 70 legisladores, considerando que Morena cuenta con 40 diputados. En el pleno se requerirán 334 votos para avalar la reforma, lo que implica que Morena deberá conseguir el respaldo de 81 aliados. Sin embargo, sectores como el Partido del Trabajo expresaron desacuerdo, principalmente debido a la forma en que se propondría la selección de los 200 diputados plurinominales y la asignación de financiamiento público a los partidos, denunciando que la iniciativa podría consolidar una hegemonía partidista.
Si la reforma es aprobada en la Cámara de Diputados, el proyecto se enviará al Senado para continuar su revisión, donde igualmente debe alcanzar mayoría calificada. En este órgano legislativo algunos aliados como el Partido Verde Ambientalista han mostrado resistencia. El plazo para que la reforma sea aprobada se encuentra restringido, pues debe concluirse antes de mitad de mayo, debido a que la legislación electoral no puede modificarse dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral en septiembre próximo, cuando se elegirán gobernadores y diputados federales.
El proceso legislativo de la reforma electoral se perfila como un desafío para la mayoría oficialista debido a la compleja negociación con partidos aliados que muestran reservas y críticas a algunos aspectos centrales de la propuesta.
