En México, desde el 9 de enero de 2026, se implementó la obligatoriedad de vincular los datos personales a las líneas telefónicas móviles e internet móvil adquiridas antes de esa fecha. Las empresas de telecomunicaciones son las encargadas de resguardar esta información, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, mientras que el gobierno federal sólo podrá acceder a los datos en situaciones específicas relacionadas con la comisión de delitos.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la medida nace principalmente para combatir delitos como la extorsión, fraude y secuestro virtual, favoreciendo la seguridad pública. Aunque los usuarios pueden adquirir nuevos chips tras realizar el registro obligatorio, los operadores de telefonía deben asociar cada número telefónico a una persona física para evitar el uso anónimo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que esta vinculación sirve como herramienta para que las autoridades, al recibir denuncias como llamadas de extorsión, puedan solicitar a las empresas de telecomunicaciones la información necesaria para identificar al titular del número implicado. Sin embargo, descartó que la medida tenga fines de vigilancia masiva, enfatizando que el acceso gubernamental a datos personales se limita a casos en los que un número telefónico esté involucrado en delitos específicos.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las personas físicas podrán registrar hasta diez líneas telefónicas móviles vinculadas a su identidad, mientras que esta restricción no aplica para personas morales ni para quienes ejercen actividades empresariales. Hasta la fecha, más de dos millones de líneas han sido vinculadas. El proceso de registro requiere documentos oficiales como credencial de elector, pasaporte o CURP para personas físicas y RFC para personas morales, con una validación correspondiente por parte de las autoridades competentes.
