El análisis de la actual estrategia nacional de seguridad en México apunta que, a pesar de las inversiones tecnológicas y la formalización de la coordinación interinstitucional, persisten desafíos estructurales que limitan su efectividad. Se reconoce el avance hacia un modelo de inteligencia con sistemas nacionales de información y plataformas tecnológicas, pero sin contar con una capacidad instalada real.
El diagnóstico señala que, aunque la persecución penal requiere inteligencia operativa y desarticulación de redes criminales con evidencia sólida, los resultados como detenciones y aseguramientos deben interpretarse con cautela. Frecuentemente, la captura de líderes criminales sin desmantelar sus redes solo genera vacíos de poder que son ocupados violentamente por otros grupos, perpetuando ciclos conocidos en México.
Asimismo, el grave problema de la impunidad no encuentra lugar primordial en el informe oficial. Altos índices de delitos no denunciados y la escasa judicialización efectiva impiden consolidar las investigaciones, a pesar de la generación constante de inteligencia. Esto refleja que las plataformas y sistemas tecnológicos no sustituyen la necesidad de capital humano capacitado, coordinación eficiente y autonomía institucional.
Otro punto crítico es la fragmentación real en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, evidenciada por diferencias políticas, presupuestales y de capacidades institucionales. La centralización federal puede incluso reducir la responsabilidad local, limitando la capacidad de acción coherente y sostenida en el territorio. Finalmente, las estadísticas oficiales que señalan mejoras en seguridad ocultan desigualdades y realidades regionales, donde fenómenos como extorsión y violencia cotidiana continúan afectando a millones, sin reflejarse adecuadamente en encuestas o documentos oficiales.
