La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una importante derrota legislativa tras la caída de su reforma electoral en la Cámara de Diputados, donde Morena no logró obtener la mayoría calificada necesaria. La alianza con Partido Verde y Partido del Trabajo no fue tan sólida como se esperaba, lo que representó un duro revés para su gobierno.
En respuesta, Sheinbaum anunció un “Plan B” con nuevas propuestas para modificar leyes secundarias, destinadas a cambiar la agenda pública y proyectar que el gobierno continúa avanzando sin consecuencias pese a la derrota. Entre las principales medidas destacan adelantar la consulta de revocación de mandato para 2027, permitir consultas populares sobre asuntos electorales, reducir el tamaño y presupuesto de congresos locales y cabildos municipales, así como ajustes en la elección judicial y recortes salariales en el Instituto Nacional Electoral.
Si bien la retórica oficial enfatiza austeridad y reducción de gastos públicos, los expertos señalan que los ahorros derivados serían marginales frente a los presupuestos estatales y municipales, generando más impacto simbólico que real. Además, estas iniciativas replican estrategias similares implementadas años atrás por el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras rechazos legislativos, quien también propuso un “Plan B” para impulsar reformas vía leyes secundarias y desvió la atención con medidas propagandísticas.
En este contexto, la llamada iniciativa de la presidenta Sheinbaum parece responder más a la necesidad de controlar daños políticos y recuperar el dominio de la agenda pública que a una reforma profunda del sistema electoral. Se trata de una maniobra para cerrar filas y reformular el discurso ante la resistencia legislativa y la pérdida de apoyo en la coalición gobernante.
